El derecho de los ciudadano en relación con el acceso a la información medioambiental viene amparado dentro del derecho comunitario por los textos legales que se describen en este capítulo.
La Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, establece las medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
El objetivo principal es contribuir a la aplicación de las obligaciones reguladas en el Convenio de Aarhus, estableciendo, para ello, la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas.
Además los Estados Miembros garantizan que el público tenga la posibilidad real de participar en la preparación, modificación o revisión de planes y programas, así como de velar para que el público esté informado en todo momento y pueda disponer de dicha información para expresar libremente sus opiniones y éstas sean tenidas en cuenta.